En el proyecto que fue radicado ante el Congreso, se exponen varios aspectos importantes que claramente no tocan el bolsillo de las clases populares y la denominada clase media en sus tres divisiones. 

El objetivo es la reducción progresiva de impuestos a personerías jurídicas y la promoción de sectores estratégicos como el turismo y las energías limpias, factores que consolidarán la reactivación sostenible de la economía.

En primer lugar, se propone una disminución del 35% al 27% de manera gradual sobre la tarifa de renta corporativa, esto con el ánimo de promover la industria nacional con excepción de sectores como el carbón y el petróleo.

Como parte de los compromisos del paro de transportadores, se propone una extensión de la reducción del IVA para renovación del parque automotor de transporte público y de carga. 

Así mismo, quienes más contaminan más pagarán, con lo cual se aumenta el impuesto de carbono de 25.000 a un 75.000 por tonelada de CO2. Los vehículos eléctricos seguirán con un 5% de IVA, mientras los híbridos aumentarán a un 19%. 

Por último, el Gobierno Nacional propone adelantar el cumplimiento de la regla fiscal del 2026 al 2025 e incorporar una “regla fiscal verde” con el propósito de acceder a créditos que financien iniciativas ambientales.